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ver junto a José Genoud, promoviendo la restauración las instituciones democráticas y constitucionales de
          la provincia. No fueron tiempos fáciles en la provincia, ya que además de los desafíos de gobernar con el
          fantasma de un poder fáctico que amenazaba con volver, su gobierno coincidió con una etapa crítica de
          la industria vitivinícola, el cierre de los mercados internacionales y la pérdida de 70.000 hectáreas de pro-
          ducción vitivinícola. A fines de 1987 numerosas empresas estatales se declararon en quiebra, incluyendo
          el Banco de Mendoza, la empresa de aguas (OSM), y la empresa de distribución de electricidad (Edemsa).
                    Las secuelas de la última dictadura cívico-militar estaban a la vuelta de la esquina. El go-
          bierno de facto no solo dejó consecuencias en el tejido social con la sistemática violación a los derechos
          humanos, sino que el período 1976-1983 inauguró el primero de los dos grandes ciclos de endeudamiento
          del último medio siglo, generando la crisis de deuda y de reservas para el final del periodo presidencial que
          desembocó en la tan recordada “hiperinflación”.
          Vicente Russo: Justicialismo y década del 90
                    Su mandato coincidió con el periodo de gobernación justicialista más extenso en la pro-
          vincia desde la recuperación de la democracia, con José Octavio BORDÓN como el primer gobernador jus-
          ticialista del retorno de la democracia (1987 - 1991). Se completó el proceso con los mandatos de Rodolfo
          Federico GABRIELLI (1991 - 1995) y Arturo Pedro LAFALLA (1995 - 1999), coincidiendo los tres periodos con
          la administración nacional del presidente Carlos MENEM.
          Año 1987-1991

                    Argentina vivía tiempos convulsionados, la vuelta de la democracia no fue tarea fácil y re-
          construir las instituciones democráticas no siempre es bienvenido por los sectores de poder real en nuestro
          país. Como un intento de tranquilizar a esos sectores, el entonces presidente Raúl Alfonsín eleva dos leyes
          al congreso, la Ley de Amnistía Argentina, más conocida como “Ley de Punto Final” y la Ley de Obediencia
          Debida, que junto con los indultos realizados en los años 1989 y 1990 por el presidente Carlos Menem bus-
          caron “olvidar” una época muy dolorosa y que gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos
          como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo logró ser parte de nuestra memoria para que
          nunca más vuelva a repetirse y siempre se continúe la búsqueda de verdad y justicia. En la pascua de 1987
          se produjo el levantamiento de “Carapintadas” y en 1988 ocurrió la sublevación de Monte Caseros, ambos
          con el teniente Aldo Rico como protagonista. Los dos eventos no contaron con el acompañamiento de los
          altos mandos de la fuerza, la democracia había llegado para quedarse.

                    En lo económico, el contexto tampoco era el deseado. La desregulación de la economía en
          los tiempos de dictadura, el incremento de la deuda y la fuerte concentración económica que se produjo
          fruto de las políticas de la escuela de Chicago dejaron sin herramientas al Estado para articular una senda
          de recuperación. Para 1989 la crisis de deuda en dólares ya se había desatado, llevando los índices de
          inflación a 3.079% para ese año y 2.314% para el año 1990. La “Hiper”, como se la conoció, provoco que se
          tuvieran que adelantar las elecciones al 14 de mayo de 1989, donde se consagró Carlos Saúl Menem como
          presidente de los argentinos, inaugurando un nuevo ciclo de la historia nacional.

                    La crisis social y económica que atravesaba nuestro país también golpeaba en Mendoza e
          hizo mella en la gestión del radical Santiago Llaver. Para las elecciones de 1987 los mendocinos eligieron a
          José Octavio Bordón como Gobernador, candidato por el Partido Justicialista. Esta nueva administración se
          propuso llevar adelante “un proceso de profunda transformación del estado, introduciendo racionalidad
          y eficiencia en el manejo de la hacienda pública para reordenar los recursos y aumentar la productividad
          del gasto”. El gobierno provincial concentró sus esfuerzos en cinco grandes proyectos: el Presupuesto por
          Resultados (PPR), el Régimen de Coparticipación Municipal (RECOMU), el Sistema de Recaudación y Control
          (SIRECO), el Sistema de Información Territorial (SIT) y el Sistema de Inversión Publica, Coordinación y Asis-
          tencia Técnica (SIPCAT). Creó el Ministerio de Ambiente y Urbanismo, el Área de la Mujer y descentralizó la
          ayuda social en los Municipios, también creo el Concejo de la Magistratura y fue el primero en hablar de la
          necesidad de una reforma de la constitución provincial.


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